pitbullEl Departamento de Agricultura encabezó varias agencias y organizaciones que recomendaron la derogación de las disposiciones legales que prohíben desde 1998, la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y traspaso de los canes de la raza Pit bull Terriers en Puerto Rico.

En una vista pública efectuada este miércoles por la Comisión de Agricultura del Senado, el agrónomo Francisco Aponte, portavoz del Departamento de Agricultura, sostuvo que favorecen la aprobación del Proyecto 685, que recomienda eliminar las prohibiciones relacionadas a estos canes.

Al referirse a los Pit bulls, Aponte manifestó que “estos animales, al igual que otras razas de perros, pueden ser dóciles, cariñosos y afables. Además, cuando están bien socializados pueden llevarse muy bien con los niños, adultos y ser excelentes mascotas”.

Al aludir a las responsabilidades que imponen a su agencia las disposiciones legales sobre el control de los perros Pit bulls, Aponte declaró que Agricultura “no posee personal, infraestructura, ni equipo necesario para manejar y procesar los casos que se nos refieren con la prontitud necesaria que ameritan”.

La incapacidad de esa dependencia, según Aponte, propicia situaciones que impactan a los dueños de canes, así como a otras agencias del gobierno como la Policía y el Departamento de Justicia.

Al coro de voces para frenar, lo que se ha denominado como la criminalización de los perros Pit bulls, se sumaron el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, la Federación Canófila, la Asociación Internacional para la Defensa Canina y sus Dueños, los Oficiales Investigadores de la Crueldad de Animales y la Federación Cinológica Internacional.

También sometieron una ponencia para consignar su defensa a los Pit bulls un matrimonio con discapacidades físicas, propietarios del can El Manchas, que describieron como producto de un cruce con Pit bull y que rescataron hace nueve meses.

Eddie Feliciano y Sandra Quianes abogaron para que la ley exija a todos los propietarios de canes vacunarlos, esterilizarlos y registrarlos ante las autoridades, entre otras iniciativas centradas en el bienestar de esos animales y de los ciudadanos.

El Proyecto del Senado 685, de la autoría de la legisladora independentista María de Lourdes Santiago, señala que la ley vigente sobre los Pit bulls Terriers, que permite a las autoridades ocupar y sacrificar esos animales, ha sido repudiada por años por distintos sectores.

Destaca, además, que la Asociación de Medicina Veterinaria de los Estados Unidos, así como la Sociedad Protectora de Animales, no favorece este tipo de legislación, a la vez que destaca que “ningún estudio bien fundamentado sostiene que la peligrosidad de un can es adjudicable solo a su raza”.

La medida subraya también que la Fundación de Investigación Canina de los Estados Unidos ha establecido que “la agresividad de un perro está más bien ligada a que el animal no esté esterilizado, que haya sido víctima de maltrato o haya sido usado para peleas por parte de sus custodios humanos”.

En sintonía con lo expuesto por el proyecto, varios de los ciudadanos que testificaron en la audiencia expresaron que lo adecuado en el país sería reglamentar y fiscalizar el manejo de los canes por parte de sus dueños o custodios.

Apoyo a niños enfermos 

Remi Martí, presidente de la Asociación Mundial de Pit bull, narró en la audiencia pública experiencias positivas de niños y niñas enfermos que han recibido como mascotas canes de esta raza, como ocurrió con un menor dueño de la perra Lula, quien se convirtió en activista para evitar que se aplique la eutanasia a estos animales.

Martí cuestionó qué están haciendo los miembros del gobierno para combatir la violencia y planteó que la legislación en contra de los Pit bulls no aporta a frenar la violencia, contrario a la percepción de personas que nunca han interactuado con esos perros.

Contrario a la dinámica regular en las audiencias, Martí preguntó directamente a tres senadores presentes si habían “compartido” con un Pit bull. La mayoría respondió en la negativa y tímidamente el legislador Gilberto Rodríguez dijo que había interactuado con uno, propiedad de un amigo.

La Federación Canófila, representada por Miguel Casellas, lamentó que en el año 2000, más de 3,000 canes de la raza Pit bull y de otras razas fueron sacrificados en Puerto Rico.

Víctor Oppenheimer, expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios, recordó que desde que la entonces representante novoprogresista Iris Miriam Ruiz propuso el proyecto contra los Pit bulls y se convirtió en ley por el entonces gobernador Pedro Rosselló, ha combatido el estatuto el que describió como injusto y selectivo.

Oppenheimer dijo que gracias a esa ley se han matado más de 5,000 Pit bulls, a pesar de que en ninguna jurisdicción estadounidense o europea tenga en vigor una ley tan estricta como la vigente en la Isla.

El veterinario defendió el establecimiento de un registro compulsorio de mascotas estatal y lamentó que iniciativas a esos fines en el pasado hayan sido abortadas.

Henry Rodríguez Díaz, portavoz de la Asociación Internacional de la Defensa Canina y sus Dueños, recomendó que lo que se debe procurar en Puerto Rico es una ley para “exigir responsabilidad al criador, manipulador o adiestrador de cualquier animal que pueda causar daño”.

http://www.elnuevodia.com/corodevocesapoyafindecriminalizaciondelospitbulls-1588470.html